El proyecto de ley de “régimen de reexportación del turismo comercial” avivó un enfrentamiento entre gremios de empresarios nacionales y de frontera. Los primeros advierten que es inconstitucional, crea un “Estado dentro del país” y afectará al fisco. Los de frontera rechazan las críticas y afirman que el proyecto será beneficioso para todos.

La normativa fue presentada el jueves de la semana pasada por los senadores Salyn Buzarquis, Juan Bartolomé Ramírez, Juan Afara, Georgia Arrúa, Pedro Santacruz y Patrick Kemper. De entrada, reavivó la discusión y posiciones dispares que había generado un proyecto similar de tiendas fronterizas, pero que no prosperó. Trascendió que el nuevo proyecto podría ser tratado ya este jueves en el plenario.

El titular del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Neri Giménez, ratificó ayer que “detrás de este nuevo proyecto hay indudablemente gente interesada en la frontera, en especial los grandes”.

Sostuvo que una de las principales preocupaciones que despierta es que va a elevar la informalidad debido a que no existe forma de que el Gobierno pueda controlar un mecanismo de importación de productos sin el pago de aranceles y solo deberán abonar el impuesto a la renta empresarial (IRE). “Está demostrado que este impuesto que recién se implementó no tiene buen control ni resultados”, advirtió.

Añadió que ya está vigente el régimen de turismo con impuestos bastante bajos, sobre el cual habría que preguntarle a la SET el nivel de control que tiene. “Dentro de este régimen ya hay mucha informalidad. ¿Cómo hará para controlar la compra de un brasileño o turista al que denominan turismo de reexportación?”, preguntó.

Alertó que prácticamente plantean crear dos regímenes aduaneros, hecho que no se admite en materia administrativa en nuestro país ni en el sistema aduanero del Mercosur, del cual somos parte.

Giménez dijo que otro aspecto que preocupa es que el proyecto vulnera los controles sanitarios establecidos para la protección a los consumidores, porque excluyen la fiscalización obligatoria de organismos sobre productos que ingresan a nuestro país.

“Claramente se atenta contra la igualdad de oportunidades que establece la Constitución Nacional. Sencillamente crean un estado dentro del país; una mayor parte pagará impuestos y otra no”, enfatizó.