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Fecha de publicacion: 2020-08-04 / 06:34:38 / Fuente: Abc color
Fiscalía no imputa a responsables de millonario contrabando de cigarrillos
La Fiscalía Anticontrabando se rehúsa a imputar a nueve directivos de tres empresas que reclaman la devolución de una valiosa carga de cigarrillos. Tampoco investiga a otras treinta y tres personas que requieren la entrega de agroquímicos, electrónicos, una flota de camiones y embarcaciones incautados por presunción de contrabando.


Las empresas Microtel Multimedia SA, M.P.C. SRL y Alves SA; además, de Hugo Nicomedes Arévalos Benítez y Myrna Iglesias González reclamaron a Aduanas la devolución de 20.000 cajas de cigarrillos requisados. La carga fue incautada en febrero pasado durante un operativo anticontrabando efectuado a orillas del lago de Itaipú, en Saltos del Guairá.

Microtel Multimedia SA tiene como accionistas a María Angela Gómez, Marcelo Daniel Recalde Gómez y Nancy Angélica Ruiz de Recalde, según registros públicos. La empresa con dirección en Asunción se dedica al rubro crediticio.

En tanto que los accionistas de M.P.L. SRL son Pablo César García Prieto y Matesi Ramona Agüero de Prieto. La firma contaba con una tienda de electrónicos en el microcentro de Ciudad del Este, pero hace tres años el local fue cerrado. Mientras que los accionistas de Alves SA son Arlindo Montanía y Bruno Montanía. La firma es proveedora de la Municipalidad de Saltos del Guairá, donde fue adjudicada con 13 licitaciones.

Recuperar carga

A su vez Hugo Nicomedes Arévalos y Myrna Iglesias González son cigarrilleros de la frontera. Los citados presentaron ante el juez instructor de la Aduana, Luis Noguera, facturas con la intención de recuperar la carga e indirectamente se convirtieron en implicados confesos del contrabando.

La investigación del contrabando fue asignada a la Fiscalía Anticontrabando de Ciudad del Este, que anteriormente estaba a cargo del ahora fiscal adjunto de Alto Paraná-Canindeyú, Humberto Rosetti.
Durante su intervención en la causa, Rosetti se excusaba de imputar a los responsables de la mercadería con el pretexto de que se requería del resultado del sumario instruido por Aduanas. Sin embargo, Rosetti no aplicaba el mismo criterio cuando se trataba de contrabandistas de menor escala. Por ejemplo, en abril pasado imputó por contrabando al camionero Blas Amarilla (autor) y al funcionario portuario José López Cubas (cómplice) al día siguiente de la incautación de 35.000 kilos de alimentos ingresados ilegalmente al país. En la misma semana, la carga fue distribuida para los comedores populares sin siquiera iniciar un sumario en Aduanas.

Tras la designación de Rosetti como fiscal adjunto el mes pasado, la investigación quedó a cargo de la fiscala Nilsa Torales con quien intentamos sin éxito dialogar vía telefónica sobre la causa.
Según Emilio Fúster, exfiscal y actual ministro de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate el Contrabando (UIC) los solicitantes de la devolución de la valiosa carga deben ser identificados e imputados por el delito de contrabando. “Detectamos en flagrancia no solo por contrabando, sino también por daños al medio ambiente”, remarcó Fúster, quien encabezó el operativo de la incautación, en una reserva forestal de Itaipú.

Por otro lado, la empresa García Hermanos y Cía. SA y Myrna Iglesias González reclamaron a Aduanas la propiedad de 14 camiones y 18 embarcaciones y solicitaron su devolución.
La flota de medios de transporte formaba parte de la logística de los contrabandistas y se encontraban en el campamento clandestino. Los vehículos eran empleados para el traslado de los productos hasta la ribera del lago, mientras que las embarcaciones eran usadas para transportar la carga hasta la costa brasileña.

García Hermanos Cía. SA tiene como socios a Pablo César García Prieto, Pablo Gustavo García Prieto, Edgar Rosalino García Prieto.
En tanto, que Bonita Safira SA, que reclama camperas, tiene como accionistas a Mohamad Kassen Kalekeche y Mohamad Daoui.

Otras 28 personas (ver infografía) pidieron la devolución de 103 cajas de agroquímicos, un importante lote de productos electrónicos y mercaderías varias.

Antecedentes

El 5 de febrero pasado, agentes de la UIC con apoyo de 70 hombres de la Senad, intervinieron una reserva forestal a orillas del lago Itaipú, donde hallaron una megaestructura para el contrabando. El operativo fue a raíz de una denuncia presentada por la hidroeléctrica.
Los intervinientes incautaron 20.000 cajas de cigarrillos, un importante lote de productos electrónicos, 103 cajas de agroquímicos, entre otras mercaderías varias. La carga estaba lista para ser enviada a Brasil. Además se requisaron 14 camiones y 18 potentes embarcaciones y se hallaron cinco depósitos.

Entre los cigarrillos decomisados se encontraban las marcas San Marino y Eigth, fabricadas por Tabesa, propiedad del expresidente Horacio Cartes.
La mercadería y la flota de transporte fueron trasladadas a la terminal de carga de Algesa de esta ciudad, donde están a disposición de Aduanas y Fiscalía.
Aún se espera el informe de valoración, que sería de varios millones de dólares.
 

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