“Vamos a estudiar y vamos a tomar la decisión una vez que podamos analizar el proyecto que envió el Congreso de la Nación. Adelanto: si es como estoy leyendo en los medios de comunicación, que despenaliza el falseamiento de la declaración jurada, evidentemente vamos a vetar el proyecto”, anunció el presidente Mario Abdo Benítez.
Aclaró que aún no analizó el documento y que una vez que tenga el resultado del análisis de su equipo jurídico va a “hablar con propiedad” sobre el proyecto de ley. “Ayer estuve por el interior, hoy estoy en recorrido y al llegar vamos a analizar”, agregó.
Mario Abdo Benítez, en el departamento de Guairá
Recalcó que, si realmente se despenaliza el falseamiento de las declaraciones juradas, tiene “el compromiso moral de vetar el proyecto”.
“Se trata de un compromiso moral, porque se pierde totalmente la esencia si el falseamiento de las declaraciones juradas no va a tener una pena. Entonces, no encuentro ningún argumento. Me cuesta creer que esa redacción tiene la ley. Por eso digo que no quiero adelantar una opinión formal pero sí una conceptual. Y el concepto es que si la ley promulgada por el Congreso de la Nación despenaliza las declaraciones juradas, vamos a vetar categóricamente”, prometió ante la prensa.
Según especialistas, el proyecto derivado al Ejecutivo no cambiará absolutamente nada en materia de publicidad de datos, puesto que con la ley vigente se requiere de una orden judicial para acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios y eso seguirá vigente con esta modificación planteada en el Congreso.
El problema es que esta modificación despenalizaría el falseamiento de declaraciones juradas, según explicó ayer el abogado Ezequiel Santagada. En ese sentido, detalló que si un funcionario “se equivocara” no pasaría nada, se abriría un sumario, podría corregirlo y eventualmente pagaría alguna multa. “Hoy, en cambio, si se descubre que hay un falseamiento se abren procesos penales y la expectativa de pena es de hasta 5 años”, destacó.
De prosperar el proyecto impulsado por el Partido Colorado, esto beneficiaría a varios legisladores y exparlamentarios de la ANR que tienen procesos abiertos precisamente por haber presentado declaraciones juradas en las que omitieron datos.
Algunos de los beneficiados podrían ser, por ejemplo, los miembros del clan González Daher, el senador Javier Zacarías Irún (cartista) y su esposa la exintendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod (ANR, cartista), además del diputado Miguel Cuevas.
