La infructífera reunión realizada ayer para discutir el peaje en la hidrovía fue dentro del órgano técnico, llamado Comisión del Acuerdo. El encuentro continúa hoy en la instancia política, que es la última antes de llegar al arbitraje.

Una conversación netamente técnica se desarrolló ayer en Buenos Aires, en la sede de la Embajada de Brasil en Argentina.

Desde el 24 de agosto, los países del Mercosur analizaron las ampliaciones y aclaraciones entregadas por Argentina, en relación a los argumentos para el cobro del peaje.

Las cuatro delegaciones se tomaron todo este tiempo para estudiar esos documentos y ayer plantearon sus posturas al respecto.

Paraguay se ratificó en que, los datos que contenía esta información adicional entregada por Argentina, no permitían deducir con meridiana claridad que existieran costos que pudieran justificar el cobro de una tasa

“Ellos introducen un nuevo concepto en que gastan mucho dinero en intentar determinar un nuevo curso de agua, una cuestión medioambiental”, comentó el director de Puerto, Julio Vera, en un contacto con radio Universo 970 AM- Nación Media.

El Tratado establece en su artículo 9 que, se puede reconocer una tasa en función directa a trabajos efectivamente realizados. Al respecto, el ingeniero indicó que se ha demostrado que desde el 2019, Argentina no ha hecho un solo dragado en ese tramo.

La etapa del análisis técnico, que corresponde a la Comisión del Acuerdo, ya está precluida y solamente falta abordar el conflicto en el órgano político, que es el CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía)

“Si en esa instancia no llegamos a un acuerdo, que yo creo que no vamos a llegar, entonces, el siguiente paso es la reunión de cancilleres de los países de la Cuenta del Plata, que son los signatarios y a partir de ahí, solicitar el arbitraje”, confirmó el director.

Cada país en controversia nombrará un árbitro y los dos árbitros designados se pondrán de acuerdo para elegir como presidente del Tribunal a un nacional de otro país, sea o no signatario del Acuerdo.

Los árbitros, que deberán ser juristas de reconocida competencia, serán nombrados en el plazo de 15 días y el Presidente en 30 días a partir de la comunicación de recurrir al arbitraje.

 

hoy.com