Darío Ortega, director jurídico de la Contraloría, recalcó que no han recibido respuestas del Ministerio de Hacienda ni de Conajzar con respecto al presunto incumplimiento de la ley por parte de la firma TDP, de Juan Carlos Wasmosy. Señaló que han reiterado la solicitud a dichas instituciones y una vez que reciban la respuesta van a ordenar una auditoría general. La concesionaria de juegos de azar no habría pagado la tasa que debía ser destinada a los veteranos del Chaco.

Juan Carlos Wasmosi
El director jurídico de la Contraloría explicó que su dependencia emitió un dictamen en virtud de un requerimiento de la Dirección General de Control Gubernamental con respecto al presunto incumplimiento de lo impuesto por las leyes 431/73 y 4.193/10. Dichas normativas establecen la retención del 10% en concepto de impuesto, fondos que deberían ser derivados en beneficio de los veteranos de la Guerra del Chaco.

“Situación que creemos que hasta la fecha no se ha dado cumplimiento en todos estos años, puesto que lo último que yo sé es que se requirió el informe pero no se ha evacuado hasta la fecha el informe respectivo”, aseguró.

Ortega puntualizó que se comunicó sobre el dictamen a los denunciantes de esta situación irregular y se ha determinado que, en su momento, se va a ordenar la realización de una auditoría para confirmar el incumplimiento de la ley.
“Lo que está fuera de duda es que la ley es bien clara en cuanto al porcentaje de retención y a dónde debía ser destinado; si se llegó a hacer o no es una situación que estaba pendiente de respuesta por parte de Hacienda y Conajzar. Se había reiterado el pedido de informe por parte de la Dirección General de Control Gubernamental de la Contraloría”, señaló.

Recordemos que la Unión Paraguaya de Veteranos de la Guerra del Chaco (UPV-Chaco) había solicitado que el ente contralor intervenga en la falta de pago de impuestos por parte de empresas encargadas de la explotación de juegos de azar.
La Contraloría determinó que la empresa Technologies Development of Paraguay SA (TDP), del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy, debía abonar los cánones mencionados de acuerdo la ley vigente ya desde 2019.
En 2015, la firma TDP SA fue adjudicada para explotar durante cinco años la quiniela. En el pliego de bases y condiciones de la licitación y en el contrato firmado con la Conajzar, la empresa del expresidente Wasmosy se comprometió a cumplir con el pago de varias tasas establecidas en diferentes leyes.

Ni bien fue adjudicada, la firma de Wasmosy presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Tributaria y la 431/73, que es la que establece las retenciones que debían ser destinadas a honorarios para excombatientes de la Guerra del Chaco.
La empresa que explota la quiniela se niega a entregar informes sobre estos pagos, escudándose en que no son fuente de información pública, de acuerdo a una nota remitida por el abogado de la empresa el mes pasado.

Al principio decían que no tenían por qué pagar el impuesto y en setiembre admitieron que nunca pagaron el canon, utilizando como excusa la acción de inconstitucionalidad presentada. No obstante, esta última fue rechazada por la Corte.