Un perjuicio, no solamente económico, sino de 20.000 vidas humanas son las consecuencias de haber confiado ciegamente en el mecanismo Covax, al que se le entregó cerca de 7 millones de dólares en concepto de anticipo por vacunas contra el Covid, que debían llegar cuanto antes, en un periodo de emergencia por pandemia.
Sin embargo, no se cumplió con la distribución, al punto que el primer grupo importante de inmunizados fue obra de la donación del lote de un millón de dosis enviadas por Estados Unidos, que, poco después, repitió otra entrega de la misma cantidad.
Posteriormente, cuando la emergencia y no existía, Covax remitió un lote ínfimo y quedó un saldo de USD 5,6 millones a favor de Paraguay. Ante los reclamos de reembolsos, Covax aplicó la ley del ñembotavy.
Finalmente, planteó dos propuestas:
La primera, la rescisión del contrato, para lo cual Paraguay debía, no solamente renunciar a esos 5 millones de dólares, sino también depositar 186.000 dólares adicionales, que completarían el costo de la salida.
La segunda, que Paraguay reciba las vacunas restantes acordadas, es decir, 3 millones de dosis. Esto hubiera implicado otro depósito adicional de 33 millones de dólares, lo que representaría pérdidas por donde se mire, pues nuestro país ya no necesita de esas vacunas.
“Creemos que Covax debería comprender la situación y hacerse responsable, porque según datos del Ministerio, Paraguay (en ese tiempo) tenía el mayor índice de personas fallecidas, el menor índice de personas vacunadas y en ese momento había países que sí estaban recibiendo vacunas y Paraguay no, pese al pago en tiempo y en forma”, comentó hace una semana el procurador, Marco Aurelio González.
El plazo para este “acuerdo” venció el 14 de septiembre pasado y ahora Paraguay recurrirá a un arbitraje internacional para reclamar el dinero, en memoria de los 20.000 paraguayos fallecidos por coronavirus.
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