El entonces nuevo embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite, posando al lado de Donald Trump y con la gorra MAGA. Fue en setiembre pasado en la Casa Blanca.
El senador Basilio “Bachi” Nuñez (ANR-HC), presidente del Congreso Nacional, confirmó que el embajador paraguayo en Estados Unidos de América (EE.UU.) Gustavo Leite, retornará este miércoles 22 de julio, a su banca en el Senado, tras su renuncia al cargo diplomático que accedió a mediados del 2025. Con esta movida, deberá dejar su curul el senador suplente Carlos Liseras (colorado cartista), quien llamativamente pidió permiso de su cargo como miembro en la Conajzar.
En marzo pasado, Leite comunicó verbalmente al presidente de la República,Santiago Peña, que dimitirá de su cargo diplomático en Washington DC, misión que asumió formalmente hace apenas un año. El diplomático aclaró que la conclusión de su representación ante la Casa Blanca sería este mes de julio, tras la finalización de la Copa del Mundo de la FIFA, que se concretó ayer,
El anuncio causó sorpresa, atendiendo a que Leite no tenía ni un año en el cargo ante la administración de Donald Trump. El exministro de Industria y Comercio en el gobierno de Horacio Cartes es senador colorado cartista con permiso. Leite es muy cercano al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y jefe del movimiento Honor Colorado.
Su polémica frase: “Olor a coima”
El relevo en la Embajada en EE.UU. fue tras las polémicas declaraciones de Gustavo Leite, quien encendió la interna en el oficialismo a inicios de abril pasado cuando dio su polémica frase de “olor a coima”.
El senador colorado cartista con permiso lanzó una serie de críticas hacia el entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. También aprovechó para mencionar que durante el gobierno de Horacio Cartes “no había ni olor a coima”.
Leite también alegó que algunos empresarios y proveedores supuestamente, hasta ahora le mencionan que durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013 - 2018) “no había ni olor a coima” y tampoco “no nos rompían las bolas”.
“Apenas le comunique efectivamente mi fecha de regreso al Presidente (Santiago Peña), les haré saber, y seguramente será público; no hay secretos. El Presidente ya fue comunicado en marzo pasado, por mí mismo, que deseo regresar al Senado durante el mes de julio. Mientras, seguiré trabajando en los temas que me ocupan. No puedo ni debo inmiscuirme en la selección o sugerencia de un sucesor. Eso es algo privativo del Ejecutivo”.
Así respondió en su momento, ante la consulta de ABC, el embajador saliente Gustavo Leite, sobre su renuncia al cargo diplomático.
No cumplió un año en el cargo
El 16 de julio del 2025, Gustavo Leite obtuvo el acuerdo constitucional del Senado para asumir el cargo de embajador ante la administración de Donald Trump. El 24 de julio prestó juramento ante el presidente Peña, en Palacio de López. Asistió el exmandatario Horacio Cartes, como testigo de honor.
Luego, el 7 de setiembre de ese año, Leite presentó sus cartas credenciales ante el presidente Trump, con lo cual quedó oficialmente acreditado ante la Casa Blanca.
Leite formó parte del denominado cupo político. Es decir, no formó parte del escalafón diplomático.
El costo que implica el cese de sus funciones
Con el término de misión de Leite se debe tener en cuenta que cada cese de funciones de un embajador residente en el servicio exterior, el Estado debe desembolsar tres salarios por anticipado por término de misión. El salario base de un embajadores de US$ 9.199, más gastos de representación, dependiendo del país.
Conforme a la tabla de salarios en la Cancillería, el salario del embajador en EE.UU. es de 9.199 dólares (salario base) más gasto de representación (3.589 dólares). A este monto se le agrega el costo de vida, el cual se calcula de acuerdo a datos de las Naciones Unidas y más gasto de residencia. Se trata de un subsidio para alquiler de la residencia particular del diplomático.
¿Quién será su sucesor en Washington?
En círculos políticos se habla con insistencia de que el actual ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, renunciará al cargo y será nominado para asumir la Embajada en EE.UU.
En su reemplazo en la Cancillería iría el actual asesor jurídico de la Presidencia, Roberto “Ilo” Moreno Rodríguez. El abogado y exprocurador, es hijo del excanciller nacional José Antonio Moreno Ruffinelli; nieto del exembajador José Antonio Moreno González y bisnieto del recordado diplomático y jurista Fulgencio R. Moreno.
Roberto Moreno Rodríguez, actual asesor jurídico de la Presidencia de la República se menciona como posible canciller nacional en reemplazo de Rubén Ramírez Lezcano.
Tirón de orejas del canciller
El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, convocó el viernes 10 de abril al embajador Leite, para “expresarle su disgusto por sus últimas declaraciones” y recordarle que como diplomático, ”está obligado a mantener una conducta acorde a sus funciones". El senador con permiso se disculpó y asegura que se extralimitó.
Según la información oficial, Ramírez Lezcano le “señaló que la normativa que regula el Servicio Diplomático y Consular, establece muy claramente que manifestaciones como las que hizo a los medios no corresponden”.
El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano convocó en su momento al embajador Gustavo Leite para expresar su malestar por sus polémicas declaraciones contra el gobierno de Peña.
“Además, le dejó en claro que situaciones de este tipo no deberían repetirse; a fin de mantener el correcto funcionamiento institucional”, refiere el comunicado.
Finalmente, Leite, de acuerdo al reporte, “admitió que cometió un error y que se extralimitó. Expresó que de ahora en más tendrá una conducta acorde a su condición de representante de nuestro país en el exterior”.
¿Qué dice la ley?
No es la primera vez que el embajador Gustavo Leite emite declaraciones que por su investidura, están vedadas. El año pasado, a pocos días de asumir su cargo en Washington DC, acudió a la sede de la ANR para dar una charla partidaria. ¿Pero qué dispone la ley diplomática?
La Ley Nº 6935/2022, que regula el Servicio Diplomático y Consular, así como el Servicio Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, refiere en el apartado de “De los Deberes, Prohibiciones y Derechos”, artículo 42, lo siguiente: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular deberán lealtad únicamente a la República y a sus instituciones, a las que están obligados a servir con independencia de personas, grupos políticos o partidos. En tal sentido, ajustarán sus actos al ordenamiento jurídico nacional y a las instrucciones y directivas que se les impartan dentro del orden jerárquico al que pertenecen. En sus relaciones con autoridades o representantes extranjeros y de organismos internacionales, observarán también las normas del derecho internacional y los usos y prácticas diplomáticas generalmente reconocidas”.
En tanto, el artículo 46, indica: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular, en cuanto fuere aplicable, deberán abstenerse, inciso k) Ejercer cualquier tipo de actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”.
La situación de Liseras
En abril pasado, el senador suplente Carlos Liseras (ANR- HC) salió al paso de los cuestionamientos sobre la supuesta inconstitucionalidad de su incorporación al Congreso y negó que su situación como funcionario con permiso especial colisione con la Constitución Nacional.
En una extensa defensa, el legislador aseguró que su caso se ajusta a la Ley 7445 de la Función Pública y sostuvo que no existe incompatibilidad alguna con su rol parlamentario.
Liseras explicó que actualmente cuenta con un permiso especial sin goce de sueldo en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), lo que -según afirmó- lo habilita plenamente para ejercer como senador.
“Yo estoy con un permiso especial como establece la ley, sin goce de sueldo. Por lo tanto, no colisiona con el artículo constitucional, estoy percibiendo solamente el sueldo de senador de la Nación en forma transitoria”, sostuvo.
El parlamentario argumentó que la Ley 7445 de la Función Pública reglamenta el artículo 196 de la Constitución Nacional, que establece las incompatibilidades para el ejercicio de cargos públicos.
Según indicó, el artículo 29 inciso D de dicha normativa contempla expresamente los permisos para ocupar cargos legislativos o de conducción política sin percibir doble remuneración.
Acuerdo militar SOFA
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y su colega paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, firmaron el 15 de diciembre de 2025, el Acuerdo sobre Estatus de Fuerzas(SOFA, por sus siglas en inglés), un documento que establece “los términos y condiciones”, incluyendo “privilegios e inmunidades”, que aplicarán a personal militar o civil del Departamento de Guerra del país del norte destinado a Paraguay para ejercicios o capacitaciones conjuntas.
Las concesiones a militares y contratistas estadounidenses que se instalen en Paraguay, son inmunidades y exenciones similares a las que establece la Convención de Viena de 1961, que regula las relaciones diplomáticas entre Estados.
Esto último ha generado el rechazo de la oposición, que alerta de una posible pérdida de soberanía del país suramericano. En todo momento, el presidente Santiago Peña y el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, negaron que el documento implicase la entrega de la soberanía y la instalación de bases militares de EE.UU.
“Inmunidades, no impunidades”
En su momento, el encargado de Negocios de Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, defendió el alcance del acuerdo SOFA y aseguró que el convenio“habla de inmunidades, no impunidades”.
El diplomático destacó que la relación entre Estados Unidos y Paraguay se sustenta en valores democráticos compartidos e intereses comunes. “Conversamos todo el horizonte de la alianza estratégica (…) y la importancia de contar con apoyo amplio entre ambos países y pueblos”, señaló.
Ley en vigencia y en operatividad
El presidente Santiago Peña promulgó la ley SOFA el pasado 11 de marzo, durante una visita a Chile. La suscripción fue ante la presencia del Secretario de Estado Adjunto de EE.UU., Christopher Landau.
La cooperación de Estados Unidos en el marco del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) supera US$ 32 millones, conforme a datos oficiales. La asistencia está destinada a iniciativas de fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, como la lucha contra el crimen organizado.
La cooperación tiene tres ejes: Resiliencia y Seguridad Fluvial; Respuesta a Crisis y Contingencias y Ciberdefensa y Ciberseguridad.
Acuerdo migratorio con EE.UU.
Otro entendimiento que se concretó y se amplió durante la gestión de Leite en Washington DC es el acuerdo migratorio Tercer País Seguro, que se firmó en agosto del 2025 y se amplió el 20 de febrero de este año. El documento refiere que con esta cooperación los rechazados por EE.UU. “puedan ser reconducidos a sus países con la ayuda de Paraguay”, pero no aclaró en esa ocasión si se tratarían de deportados.
El acuerdo no pasó para su estudio en el Congreso, situación que generó una ola de críticas. El principal cuestionamiento es qué Paraguay recibiría a cambio.
Tercer País Seguro está en plena vigencia. A fines de junio pasado, llegó a Paraguay un nuevo grupo de 12 migrantes trasladados desde Estados Unidos en el marco del Memorándum de Entendimiento entre ambos países, informó Migraciones.
De acuerdo a los datos oficiales, el grupo de 12 migrantes mayores de edad, fueron procedentes de Ecuador, Honduras y Perú, trasladados desde Estados Unidos bajo la modalidad de estadía transitoria.
Migraciones informó que tres personas abandonaron Paraguay por decisión propia para regresar a sus países de origen.
Además, otras seis salieron días después, mediante el mecanismo de Retorno Voluntario Asistido (RVA), con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En tanto, tres migrantes permanecían en el país mientras definen su retorno.
En su momento, el encargado de negocios (a.i) de la Embajada norteamericana en Paraguay, Robert Alter, afirmó que no esperaba que nuestro país brinde asilo a los migrantes rechazados en EE.UU. sino que como aliado del gobierno de Donald Trump “comparta el trabajo” de la enorme tarea logística de devolver a estas personas a sus países de origen.
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