El 29 de junio del año pasado Sandra Quiñónez convocó a una mesa de trabajo, de la cual participaron el contralor general Camilo Benítez y el subsecretario de Tributación, Óscar Orué. Dijeron que el encuentro fue para trazar línea de trabajo en cuanto a declaraciones juradas que se alzaron en la página web de la Contraloría por orden de la Corte.
Desde un principio se sospechó que se trataba de una maniobra para no investigar a los altos funcionarios. Sin embargo, Quiñónez aseguró en aquella ocasión que no iba haber impunidad.
“Se propicia esta primera mesa de trabajo a fin de articular (mecanismos) con las demás instituciones; queremos ver la trazabilidad y los tipos de informes que serán necesarios para establecer, de manera ágil, una línea de análisis e investigación; el tiempo establecido no significa impunidad, sino que los informes sean eficaces. Es un arduo trabajo, pero no vamos a dar impunidad a nadie”, prometió
Quiñónez.
El contralor general Camilo Benítez, por su lado, refirió que los datos cruzados establecerán los criterios unificados a la hora de valorar hechos, como enriquecimiento ilícito.
Sobre los perfiles de riesgo, luego de la “mesa de trabajo”, el subsecretario de Tributación, Oscar Orué, declaró a la prensa que la SET “aportará un mecanismo de control cruzado a través de un plan de auditoría, donde tomarán a los contribuyentes determinados y se analizarán los niveles de riesgo”.
Enfatizó que de esta forma se crearán diferentes perfiles de riesgo que ayudarán a seleccionar mejor los exámenes de declaraciones juradas. En la reunión también estuvieron los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz y Osmar Legal.
En la publicación del 30 de junio de 2020, nuestro diario advertía que con la “mesa de trabajo” el Ministerio Público solo buscó enfriar el caso de las declaraciones juradas, en las que se evidenciaron que ex y actuales altos funciones públicos aumentaron sus bienes en forma escandalosa.
La fiscalía se negó a abrir de oficio carpetas y alegó que eso no se podía hacer en base a la sola declaración jurado, porque se tenía que tener elementos de sospechosas del enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, esto solo fue una excusa del Ministerio Público, ya que en el caso de Luis Paciello, concejal de Lambaré y yerno del expresidente y actual senador Fernando Lugo, pese a la serie de publicaciones sobre su crecimiento patrimonial, la fiscalía, como representante de la sociedad, nunca intervino.
Constitución Nacional
La Constitución establece, en su artículo 268, que el Ministerio Público debe actuar de oficio para defender el patrimonio público e incluso le faculta a pedir informes sobre los funcionarios.
Conforme al artículo 268 de la Carta Magna, la ley orgánica del Ministerio Público puntualiza en los artículos 1, 3 y 5 la obligación de la institución de actuar de oficio en defensa del patrimonio público y social. Enfatiza que la persecución penal de hechos punibles debe ser promovida inmediatamente.
En el caso del sospechoso enriquecimiento de varios políticos y altas exautoridades que se revela en sus declaraciones, la fiscalía no abrió ni una sola carpeta para indagar el presunto enriquecimiento ilícito. Sostuvo que la sola publicación de las DD.JJ. no es suficiente para la intervención de oficio.
Esta postura de la institución que representa a la sociedad y que debe defender los intereses de la misma como en este caso, ignora lo que dicen la Carta Magna y su ley orgánica, que son reforzadas por los artículos 290 y 315 del Código Procesal Penal, que obliga a intervenir de oficio.










