Tras el blanqueo de Raúl Fernández Lippmann en el caso de enriquecimiento ilícito, se teme que los jueces del caso audios también blanqueen a Óscar González Daher (cartista), pese a claras evidencias de apriete.

Mañana se inicia la quinta semana del juicio oral por el caso de los “audios” que revelaron una mafia para torcer la justicia desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en la presidencia del exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista).
La absolución de Fernández Lippmann, secretario del JEM, de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, marca una tendencia de que todos los involucrados también serían blanqueados (ver el cuadro).

Los testigos propuestos por el Ministerio Público, entre ellos la exfiscala Teresa Rojas, la periodista Mabel Rehnfeldt y la fiscala Casse Giménez, mediante sus declaraciones, aportaron datos muy relevantes que prueban el tráfico de influencia y la asociación criminal entre los acusados. Estos son: el exsenador González Daher (ANR, cartista); su exsecretario en el JEM Fernández Lippmann y el abogado Carmelo Caballero, además del exsenador por Unace Jorge Oviedo Matto, quien está en la causa solo por el primero de los hechos punibles mencionados.

Los testimonios de los testigos deben ser valorados por el tribunal de sentencia que integran los jueces Juan Carlos Zárate Pastor (44 años), María Fernanda García de Zúñiga (38) y Héctor Capurro Radice (59).

Las testimoniales serán sustentadas con las pruebas documentales a ser producidas en las próximas semanas del juicio oral, según lo anunciado por los fiscales Natalia Fúster, Rodrigo Estigarribia y Sussy Riquelme. Los agentes del Ministerio Público aseguran que la declaración de los testigos, las documentales, el cruce de llamadas entre los acusados y el informe de auditoría de gestión ordenado por la propia Corte Suprema de Justicia serán suficientes para probar que el exsenador González Daher lideraba desde la presidencia del JEM un esquema de apriete a jueces y fiscales.

La acusación de la Fiscalía se sustenta en dichos elementos probatorios teniendo en cuenta que los audios filtrados no serán utilizados como evidencia contra los acusados, según los agentes fiscales para evitar que se anule el juicio oral, ya que las defensas atacan de ilegales las grabaciones.