"Hay una fracción conocida como Lote 6 de 10 hectáreas, según informes técnicos, fueron incluidos en una mensura judicial del 2018, quizás por error", dijo González al programa El Radar.
"No figura en ninguna parte del informe pericial como así mismo dentro del plano del loteamiento. Supuestamente ese lote forma parte de la propiedad y no es así", agregó.
Apuntó que no es la primera vez que sucede en Amambay, ya que se incluyen callejones, lotes del Indert en mensuras judiciales y que luego siguen su curso en Catastro Nacional y se aprueba. "Yo tengo el deber de salvaguardar los bienes de mi institución", dijo.
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Esta mañana en la Junta Municipal tratarán dicho punto y se presume que el loteamiento será aprobado. Por lo que, según el documento del Indert, los ediles podrían incurrir en un daño patrimonial del ente estatal.
No obstante, en charla con El Radar, la presidenta de la Junta Municipal de PJC, Carolina Yunis de Acevedo, mencionó que para estudiar el caso se armaron dos mesas de trabajo y reconoció el pedido de suspensión del loteamiento de parte del Indert.
Dijo que solo un juez puede suspender el procedimiento y que si dan curso a la solicitud del Indert, "la presidenta del Indert incurriría en usurpación de funciones". "El expediente se ha presentado con todos los requisitos", mencionó.
"El Indert debería accionar judicialmente. Si nosotros aprobamos, va a Catastro", expresó.
Añadió que antes de la petición del loteamiento la empresa realizó reuniones con vecinos colindantes, como exige el proceso, según argumentó. Yunis incluso apuntó que pone en duda el título presentado por el Indert, ya que afecta a más territorio de las 10 hectáreas que pide lotear la empresa privada.
