El planteamiento contempla introducir el sicariato en el artículo 105 y pasaría a ocupar el inciso B en el Código Penal de nuestro país. Casañas Levi indicó que este tipo de hechos "se han vuelto de un impacto muy grande en la sociedad", ya que "forma parte de asociaciones criminales y ya afecta a las instituciones".
"Las víctimas no son ciudadanos sino que ya son fiscales, jueces, están amenazado el sistema democratico", dijo.
Se refirió además a los asesinatos de José Carlos Acevedo y Marcelo Pecci, quienes aún siendo autoridades del sistema democrático, fueron víctimas del crimen organizado. "En ambos casos, el intendente es elegido y el otro cumplía funciones de persecución de delitos. No es por el cargo, sino por la tarea que cumplen en la sociedad", expresó.
El doctor en Derecho apuntó que con esta nueva figura, basta con que se colabore de alguna manera y todo el que forme parte de la estructura será considerado como autor del crimen. Los que contratan, intermedian y ejecutan podrán tener condenas mínimas de 20 y máximas de 30 años. Los que colaboren en menor medida, tendrían penas mínimas de 5 años, apuntó.
