Una sola prueba no fue arrimada por el Ministerio de Salud Pública en el proceso de sumario abierto contra los funcionarios que estuvieron involucrados en el proceso de compras de los “insumos chinos” del clan Ferreira. Esto fue denunciado por la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) en conversación con ABC.
La legisladora señaló que esto es una muestra más de que la intención real nunca fue sancionar a los culpables del proceso de licitación, que estuvo plagado de irregularidades.
Blandas sanciones
En medio de mucho silencio se dio a conocer la resolución del sumario abierto a funcionarios del Ministerio de Salud Pública que estuvieron involucrados en la compra de los elementos hospitalarios defectuosos que debían ser destinados a la lucha contra el coronavirus.
El sumario recomendó suspensión sin goce de sueldo por 30 días para Pablo Lezcano, quien se desempeñaba como director de la Unidad Operativa de Contrataciones.
Los empleados que conformaban el comité de evaluación fueron sancionados con 20 días de suspensión en sus labores. Se trata de Mirta Eloísa Morán Maldonado, Gustavo Andrés Cuevas Ayala, Pedro Ramón Adrián Santander, Diego Marcelo Sosa Jara, Augusto Manuel Portillo Delvalle y Larizza Andrea Ginés Cantero.
Todos ellos formaron parte del proceso de la licitación plagada de irregularidades que terminó con la contratación de las empresas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA, pertenecientes a Justo Ferreira, y que entregaron productos defectuosos.
Piden sanciones duras
La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de resolución que insta al presidente Mario Abdo Benítez y al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a castigar la corrupción en las compras públicas fallidas para hacer frente al covid-19, con sanciones ejemplares.
El proyecto fue presentado por diputados de la multibancada opositora.
Los legisladores opositores cuestionaron duramente las ínfimas sanciones en el mayor escándalo de corrupción de la pandemia.
