El líder socialista Pedro Sánchez fue reelegido este jueves presidente del Gobierno español por 179 votos favorables en el Congreso, tras prometer una ley de amnistía a los independentistas catalanes, lo que le valió el descontento en las calles y duras acusaciones de la oposición. Su juramento para el cargo ante el rey español Felipe VI será este viernes.

Foto: Juan Carlos Hidalgo (EFE).

“Declaro otorgada la confianza del Congreso a don Pedro Sánchez”, anunció la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, tras anunciar que 179 de los 350 diputados habían votado a favor del candidato a la investidura y 171 en contra.

Sánchez, de 51 años, le dio las gracias “a los 179 diputados y diputadas que han comprometido su voto y que representan nada más y nada menos que a 12,6 millones de ciudadanos de nuestro país”.

En la mañana del viernes, Sánchez prestará juramento para el cargo de presidente del Gobierno ante el rey de España, Felipe VI. Será en el Palacio de la Zarzuela, la sede de la jefatura de Estado, una vez que el real decreto con su nombramiento sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sánchez recibió el apoyo de su Partido Socialista (121 diputados) del partido de izquierda radical Sumar (31), de las formaciones independentistas catalanas Juntos por Cataluña (7) e Izquierda Republicana de Cataluña (7), del Partido Nacionalista Vasco (PNV, 5), del independentista vasco Bildu (6), y de la única diputada de Coalición Canaria.

“Sé que el proceso que nos ha traído hasta este día y este preciso momento no ha sido fácil para vosotros y para vosotras, como tampoco lo ha sido para mí", admitió Sánchez dirigiéndose a sus diputados socialistas, uno de los cuales recibió este jueves un huevazo de los manifestantes apostados cerca del Congreso.

El apoyo de los siete diputados de Juntos por Cataluña de Carles Puigdemont fue el que más se le resistió a Sánchez y se consiguió con la promesa de amnistiar a los independentistas catalanes implicados en las protestas y la tentativa secesionista de 2017.

La oposición le acusó de entregar las riendas del gobierno a un “prófugo” -Puigdemont se instaló en Bélgica en 2017, eludiendo a la justicia española- y le avisó de que será cautivo de las demandas del independentismo.

“Le he dicho al presidente del Gobierno que esto era una equivocación”, explicó tras la investidura el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), que advirtió a Sánchez que estará “sometido a un contrato mensual” con el independentismo.

Pero Sánchez, un superviviente político que llegó al poder en 2018 gracias a una moción de censura, está acostumbrado a gobernar sin mayorías absolutas y pactando puntualmente con socios impensables a priori.

En los próximos días formará un Gobierno de coalición con Sumar, con un programa muy de izquierdas -reducir la jornada laboral, aumentar ayudas sociales, subir impuestos a empresas y rentas altas...-, que está por ver si contará con el apoyo de PNV o Juntos, cercanos al empresariado vasco y catalán.

En cuanto a la ley que podría permitir el regreso de Puigdemont, acaba de ser registrada para su examen en el Congreso y presumiblemente no estará aprobada hasta bien entrado 2024.

Esta amnistía es necesaria para “cerrar las heridas” abiertas por la crisis de 2017, afirmó Sánchez, asegurando que quiere garantizar “la unidad de España por la vía del diálogo y del perdón”.

Rechazada por la mayoría de los españoles, según varios sondeos de opinión, esta amnistía llevó el domingo a cientos de miles de personas a salir a la calle en respuesta a una convocatoria del PP.

El sábado está prevista en Madrid una nueva manifestación, en la que participarán dirigentes del PP y del partido ultraderechista Vox.

Asimismo, desde hace días hay concentraciones diarias de la extrema derecha ante la sede del Partido Socialista en Madrid, que regularmente acaban en disturbios. El miércoles por la noche, 15 personas más fueron detenidas por alterar el orden público y enfrentarse a la policía, según la Delegación del Gobierno en Madrid.

Como consecuencia de estas tensiones, más de 1.600 policías se desplegaron de nuevo el jueves en torno al Congreso de los Diputados, completamente acordonado desde el miércoles por las fuerzas del orden. Es el dispositivo equivalente a un partido de fútbol de alto riesgo.

 

Fuente: AFP y EFE.