La inundación agéntica impulsada por inteligencia artificial amenaza con desbordar al Estado británico y agravar la crisis de sus burocracias. (Imagen Ilustrativa Infobae).
El Estado británico está en apuros. Los ferrocarriles no se construyen y los baches no se reparan. El gasto en asistencia social sube y los robos en comercios quedan impunes. Andy Burnham, el nuevo primer ministro, asegura que puede poner en marcha a Whitehall; pero eso mismo decía su antecesor. Sin embargo, la capacidad del Estado británico para funcionar está a punto de empeorar dramáticamente, una advertencia para las democracias ricas de todo el mundo. Los ciudadanos, frustrados por el mal trato que reciben de las autoridades, están recurriendo a la inteligencia artificial para presentar objeciones, apelaciones y reclamar lo que les corresponde. La consiguiente avalancha de quejas y demandas desbordará a burocracias construidas para la era del correo postal y el teléfono. Se está haciendo muy poco para evitar que el Estado se ahogue.
Esta inundación fue bautizada como “agentic flooding” (algo así como “inundación agéntica”), y sus mareas ya golpean a las burocracias en todas partes, desde apelaciones fiscales hasta reclamos de asistencia social y multas de estacionamiento. Las aguas suben de forma alarmante en Gran Bretaña. Como reportamos esta semana, mientras las preocupaciones sobre la IA se concentran en las amenazas a la seguridad y al empleo, el atraso en los tribunales laborales aumentó silenciosamente un 55% en un año, en gran parte debido a reclamos impulsados por IA. La demanda de medidas cautelares de urgencia se disparó 100 veces. Y la marea de la IA recién empieza a subir.
La tragedia de los comunes, versión IA
Gran Bretaña ha sido durante mucho tiempo pionera en nuevos modelos políticos, desde el Estado de bienestar en los años 40 hasta la “tercera vía” en los 90. También es particularmente vulnerable al avance de los ciudadanos armados con IA, porque sus tradiciones administrativas favorecen las presentaciones escritas, algo que la IA redacta muy bien. Por eso el Estado debe innovar una vez más. La buena noticia es que algunos miembros del gabinete de Burnham comprenden la magnitud del desafío. Si logran estar a la altura mostrará si Gran Bretaña puede volver a ser un modelo a seguir, o una advertencia de lo que no hay que hacer.
En medio de un bajo crecimiento, una población que envejece y un gasto en defensa creciente, el Estado falla de muchas maneras, dejando a los votantes convencidos de que reciben un trato injusto. Pero esos problemas fiscales conocidos son, al menos, lentos y previsibles. La inundación agéntica es distinta. Golpea rápido y donde menos se la espera. No solo daña las finanzas públicas; también atasca los engranajes que mueven la maquinaria del Estado.
La IA es extraordinaria para lidiar con la burocracia. Puede digerir la letra chica, detectar vacíos legales y redactar cartas de apelación en segundos. Los agentes autónomos de IA acelerarán la tendencia, presentando reclamos impositivos con mínima intervención humana. A diferencia de los humanos frente a la burocracia, los agentes de IA nunca perderán la paciencia —ni las ganas de vivir—. Los funcionarios se quejan hoy de la “basura” y las alucinaciones de la IA, pero a medida que la tecnología mejore, enfrentarán el problema opuesto: reclamos tan bien elaborados como los de un abogado de primer nivel.
A primera vista, esto parece un resultado excelente para los ciudadanos hartos. A nadie le gustan las multas de estacionamiento. Los más pobres podrían ejercer sus derechos legales con tanto éxito como hoy lo hacen las clases medias con más recursos. Sin embargo, esto amenaza con convertirse en una tragedia de los comunes. Si el Estado se ve desbordado y no puede funcionar, todos pierden. Cuando los gobiernos del siglo XX crearon derechos amplios, tenían el noble ideal de dar sentido real a la ciudadanía. El público sería escuchado en las consultas, obtendría información bajo leyes de transparencia y ganaría reparaciones por mala administración ante un abanico de defensores del pueblo, tribunales, comisionados y jueces. Pero esos sistemas analógicos asumían que pocas personas tendrían el tiempo o el temperamento para llevar sus reclamos hasta el final; y que, de esos pocos, muy pocos tendrían el dinero para pagar un abogado.
La IA está cambiando eso, al volver rápida y gratuita la presentación de reclamos con estándar profesional. Pero a medida que cada reclamante persigue su propio interés, el Estado se va a doblar. Las leyes laborales británicas se vuelven cada vez más amplias —un problema en sí mismo—, pero no ayudarán mucho a los trabajadores agraviados, porque los demandantes enfrentan una espera de cuatro años para una audiencia ante un tribunal. Un régimen de planificación urbana ya de por sí engorroso, paralizado por objeciones generadas con IA, terminará por no construir absolutamente nada. Los británicos reclaman de menos los beneficios a los que tienen derecho legal por hasta 20.000 millones de libras (27.000 millones de dólares), o un 0,7% del PBI, al año; si todos empiezan a reclamar lo que les corresponde, las finanzas públicas se marchitarán. El panorama es el de un círculo vicioso de quejas y servicios cada vez peores. Cada vez más gente podría llegar a creer que la única manera de conseguir un resultado es mover contactos o hacer trampa. En medio de la inevitable furia y el descontento, el populismo prosperará.
Un nuevo LevIAthan
Por eso los políticos deben abordar la inundación agéntica ahora, antes de que la marea siga subiendo. Un primer paso es dejar de crear derechos que resulten terreno fértil para reclamos impulsados por IA. La Ley de Derechos Laborales y la Ley de Derechos de los Inquilinos de Gran Bretaña abren nuevas vías de impugnación legal para trabajadores e inquilinos. No solo están mal concebidas, sino que los ministros pusieron poco pensamiento en cómo recargarían a los tribunales.
Otro paso es podar la masa de derechos procesales acumulados durante décadas. Para volver al Estado menos vulnerable hace falta endurecer las reglas, cerrar vacíos legales y crear desincentivos al exceso habilitado por la IA. Los sistemas de apelación bizantinos y vagos deberían dar paso a otros simples, precisos y limitados. El dinero debería ser parte de la solución. Gran Bretaña podría cobrar una tarifa por las solicitudes de acceso a la información pública, como hacen otros países. Lo mismo podrían hacer los tribunales laborales, que también deberían tener más margen para imponer costas a los reclamos oportunistas.
La tarea más importante es actuar más rápido y de forma más radical para rehacer el Estado con IA. Eso significa no solo acelerar el viejo ciclo de solicitudes, decisiones y apelaciones, sino reemplazarlo por completo. El Estado reconstruido sería a prueba de inundaciones; también sería más eficiente y más sensible a las necesidades de los ciudadanos. Los políticos prometen ser radicales, pero sus soluciones son incrementales. En lugar de simplemente procesar las objeciones de los vecinos, un nuevo sistema de planificación urbana impulsado por IA podría decidir por sí mismo si un desarrollo habitacional cumple con el código de zonificación. En lugar de tramitar reclamos de asistencia social, podría diseñar intervenciones de bienestar personalizadas. Las solicitudes de libertad de información podrían dar paso a la transparencia a demanda. El Estado corre el riesgo de ser arrasado por la inundación agéntica. Aunque la rápida adopción de la IA por parte del Estado inquiete a algunos, es indispensable.
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