Santiago Martínez Fiscal
Según las informaciones recabadas, los procedimientos fueron realizados con el acompañamiento de una patrullera del Grupo Táctico, pero sin la participación del Departamento de Automotores, área especializada que tiene competencia en la verificación de vehículos, piezas y documentación relacionada con este tipo de establecimientos.
La ausencia de Automotores resulta llamativa precisamente porque se trataba de procedimientos en desarmaderos, donde la verificación técnica y documental constituye un aspecto fundamental para determinar si la actividad se desarrolla dentro de la legalidad.
A pesar de los operativos y de que algunos establecimientos fueron clausurados durante algunos días, posteriormente las actuaciones terminaron sin que, según trascendió, se detectaran irregularidades de la gravedad que inicialmente podían suponerse.
Pero existe un elemento mucho más preocupante.
Personas vinculadas al sector cuyos datos se mantiene en reserva, habrían transmitido una versión donde un abogado de apellido Florentín cuyo cargo sería de Asistente Fiscal habría sido señalado como supuesto encargado de solicitar 10.000 dólares estadounidenses a cada propietario de desarmadero para que las actuaciones no avanzaran.
En caso de ser cierto, las acusación es grave y no puede presentarse como un hecho probado sin una investigación que la confirme. Sin embargo, por la magnitud de lo denunciado, tampoco debería ser simplemente ignorada. Más aún cuando Pedro Juan Caballero cuenta con más de diez desarmaderos que operarían en condiciones similares.
Si la versión de los 10.000 dólares por establecimiento tuviera algún sustento, la dimensión económica del supuesto esquema sería considerable: más de 100.000 dólares si se aplicara a diez locales.
Y ahí es donde la ciudadanía espera respuestas concretas:
¿Por qué se realizaron los procedimientos sin la participación del Departamento de Automotores y qué resultados concretos arrojaron?
Y, sobre todo:
¿Existió o no algún pedido de dinero para poner fin a las actuaciones?
No se trata de proteger a ningún desarmadero que eventualmente esté fuera de la ley. Si existen infracciones, corresponde investigar y sancionar. Pero la ley debe aplicarse con el mismo rigor para todos y sin ningún tipo de negociación clandestina.
Porque si se trató de un procedimiento legítimo, el Ministerio Público debería poder explicar con absoluta claridad qué se buscó, qué se encontró y por qué concluyeron las actuaciones.
Y si existió un pedido de dinero, ya no estaríamos hablando simplemente de un procedimiento cuestionable, sino de una situación que debería ser investigada hasta las últimas consecuencias.
La ciudadanía de Pedro Juan Caballero merece saber la verdad.
La Justicia no puede generar dudas de que el poder de investigar pueda convertirse en una herramienta de presión o, peor aún, de supuesta recaudación.
Fuente: Sucesos Paraguay
