Una investigación se inició en una institución educativa, ubicada en el barrio Obrero de Pedro Juan Caballero, donde la directora fue apartada del cargo tras la presentación de una denuncia penal en su contra por parte de la madre de una estudiante del segundo ciclo.
La medida administrativa se concretó tras una notificación enviada desde el Ministerio Público, lo que derivó en la inmediata activación del protocolo institucional a cargo de un grupo de supervisoras encabezado por la licenciada Arminda Otazú, titular de la Supervisión del Área 13-07, junto a la licenciada Ana Liz Martínez.
La supervisora Arminda Otazú explicó los motivos de la intervención realizada en el establecimiento educativo. "Fuimos notificadas desde la Fiscalía por una denuncia penal de parte de una madre. La carátula es coacción y especifica maltrato a una menor, por lo que el protocolo amerita apartar a la docente mientras dure el proceso", indicó.
Mientras concluyen los sumarios y la investigación fiscal, la educadora cumplirá labores en la sede de la supervisión pedagógica. Las autoridades designaron una encargada de despacho para garantizar la continuidad del desarrollo de las actividades lectivas escolares en el edificio institucional de la ciudad.
Los nombres de la menor, de su madre, de la directora y de la institución educativa se omiten en cumplimiento al artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la difusión de datos que posibiliten identificar a menores de edad en causas penales.
Foto: Ilustrativa
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