Favores. El diputado hoy fallecido habría ayudado al narcotraficante brasilero a escapar.
¿De quiénes se analizarán sus teléfonos? De Cristian Amarilla, director de Inteligencia; Aldo Osmar Pintos, coronel de las Fuerzas Especiales; y Alicia Vázquez, jefa del departamento de Investigación contra el Crimen Organizado, todos de la Senad.
Aldo Pintos.
Cristian Amarilla
Alicia Vázquez.
La perito informática Shirley Taboada se encargará de verificar de los celulares datos actuales y eliminados del archivo, historial y registro de llamadas (perdidas, recibidas, marcadas y otros), mensajes de texto y de voz.
También todos los datos del Whatsapp, Instagram, Facebook, Telegram, Threema, Zangi como también de otras plataformas de mensajerías.
Se verificarán todos los registros de giros de dinero, extracciones bancarias, u otra operación monetaria.
Buscarán las aplicaciones de banca web, de financieras, cooperativas, comerciales y billeteras. Y, por supuesto, también los archivo de imágenes, filmaciones, y todos los archivos multimedia “que puedan estar relacionadas con la coordinación y comisión de actividades ilícitas”.
El pedido fue realizado por los antidrogas fiscales Ingrid Cubilla, José Martín Morínigo, Luis Said y Christian Ortiz, quienes los imputaron.
EL ESQUEMA. La sospecha recae principalmente en que los agentes de la Senad, incluido Hugo Derlis Baptista, director general, y la sobrina de Lalo Gomes, Lizany Solís Gomes, ex asistente fiscal, usaron supuestamente su influencia dentro del sistema de seguridad para modificar investigaciones y permitir la fuga del narcotraficante brasilero Ronaldo Mendes Nunes, alias Barba.
En cuanto a Lizany, es considerada como “principal operadora del clan”, quien gozó del “padrinazgo” de su tío.
Convenientemente, tenía a su pareja en las filas de la Senad, el coronel Aldo Pintos. A través suyo, habría accedido a informaciones sensibles sobre operativos.
En cuanto a Hugo Baptista, este habría participado en la fuga de Ronaldo Mendes durante el operativo Sanctus, el 8 de diciembre del 2023. Esto habría sido una orden directa de Eulalio Gomes, a través del WhatsApp.
Luego, Aldo Pintos habría dado información sensible a Lalo sobre operativos de la Senad. Y, Cristian Amarilla, siendo director de Senad, habría ordenado no poner el nombre de Lalo en un informe del caso Pavo Real.
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